Tras 38 días de protestas generalizadas en Venezuela, se cifran en 31 las personas que han perdido la vida durante las manifestaciones. Hay centenares de heridos, 1737 manifestantes detenidos y 70 periodistas han sido agredidos mientras informaban sobre las protestas.
El Estado venezolano debe investigar urgentemente la violencia y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y cursar una invitación a los Relatores Especiales de la ONU para que visiten el país y evalúen la situación de los derechos humanos.
A medida que la crisis se agrava, el gobierno de Venezuela debe pasar de las palabras a la acción y tomar medidas concretas para detener la violencia contra los manifestantes; asegurar que los periodistas pueden hacer su trabajo y permitir que el pueblo venezolano exprese su malestar sin temor a ser agredido o incluso a perder la vida», dijo Paula Martins, directora ejecutiva para Latinoamérica de ARTICLE 19.
Según los informes de Espacio Público, en un mes de protestas, 22 trabajadores de los medios de comunicación fueron detenidos, hubo 30 agresiones y 18 hurtos o robos, en algunos casos, a punta de pistola. A una cadena de televisión se le retiró la señal mientras informaba sobre las manifestaciones. Se han cerrado una decena de periódicos y casi 100 más corren peligro de cierre porque el gobierno no les ha autorizado la compra de papel prensa.
«Esta situación es sumamente preocupante, ya que en medio de los disturbios civiles los periodistas que cubren las protestas son blanco de grupos armados y detenidos ilegalmente por las fuerzas de seguridad», añadió Martins. «Si el gobierno quiere facilitar el diálogo, necesita tomar medidas concretas para salvaguardar los derechos humanos, como cursar invitaciones a los Relatores Especiales la ONU, para que puedan evaluar la situación de la libertad de expresión y de reunión, así como de otros derechos».
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Maina Kiai, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mads Andenas, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Juan Méndez, Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; han pedido que se aclaren sin demora las denuncias de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza y violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación durante la reciente oleada de protestas en el país.