En la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la comunidad internacional reconoció que el desarrollo sostenible depende de la buena gobernanza2. El Principio 10 de la Declaración establece como elementos necesarios para la gestión ambiental, los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia.
Los tres «derechos de acceso» facilitan el desarrollo transparente, incluyente y la toma de decisiones responsable en asuntos que afectan al medio ambiente y el desarrollo. El acceso a la información motiva y capacita a las personas a participar de manera informada y significativa. La participación en la toma de decisiones aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las preocupaciones y demandas públicas, lograr consenso, mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. El acceso a la justicia aumenta la capacidad del público para hacer cumplir el derecho a participar, a estar informado y para hacer cumplir las regulaciones así como resarcir los daños ambientales. A su vez, el acceso depende de los gobiernos y la sociedad civil que tienen la capacidad de poner en práctica estos derechos3. La toma de decisiones gubernamentales que no reflejan estos principios básicos tienden a producir resultados que son más propensos a afectar negativamente al ambiente, al desarrollo sostenible y ser socialmente injustos.