Los Principios se desarrollaron con la finalidad de ofrecer un marco analítico para evaluar la forma en que los derechos a la libertad de expresión y la privacidad se refuerzan entre sí; y para determinar los límites permisibles cuando existen conflictos entre ellos. En particular, los Principios buscan garantizar que estos dos derechos fundamentales se respeten y protejan de igual forma en la era digital.
La libertad de expresión y la privacidad son dos derechos que se refuerzan mutuamente, incluso con mayor vigor cuando se ejercen en línea. Ambos derechos son pilares esenciales para una sociedad abierta y democrática, y constituyen una de las condiciones básicas para el progreso y la realización personal de cada individuo. Para que prospere la democracia, la rendición de cuentas y la buena gobernabilidad, se debe respetar y proteger la libertad de expresión y opinión. Lo mismo sucede con el derecho a la privacidad, que es también un poderoso peso y contrapeso contra el uso moderno de poder social y de gobierno.
La libertad de expresión es fundamental para la diversidad dentro de la expresión cultural, la creatividad y la innovación, así como para el desarrollo de la personalidad individual. Por otro lado, el derecho a la privacidad es esencial para la autonomía de cada persona, el desarrollo del sentido de identidad y el establecimiento de relaciones con los demás.
La privacidad también es requisito previo al ejercicio significativo de la libertad de expresión, especialmente en línea. Sin privacidad, las personas carecen del espacio para pensar y hablar sin juicios o desarrollar su propia voz. De manera similar, sin libertad de expresión, las personas no podrían desarrollar un sentido de sí mismas. En el centro de la garantía de estos derechos se encuentra la protección de la dignidad humana y la capacidad individual de vivir e interactuar con los demás.
Sin embargo, el derecho de cada persona a la libertad de expresión puede vulnerar el derecho de terceros a la privacidad y viceversa. Las tecnologías digitales exacerban lo anterior. Aunque estas últimas han sido medulares para facilitar el ejercicio de libertad de expresión y la información compartida, también han posibilitado en gran medida las violaciones al derecho de privacidad. Dado que hoy en día la información se puede recopilar y poner al alcance público más allá de las fronteras, en una escala sin precedente y a un costo mínimo para sociedades y gobiernos, se presentan serios desafíos para hacer valer estos derechos y todos aquéllos relacionados. Mientras tanto, la aplicación de leyes de protección de datos y otras medidas para proteger el derecho a la privacidad pueden tener un impacto desproporcionado en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Como demostramos en estos Principios, el derecho internacional ofrece la base para resolver estos retos. Los Principios aquí establecidos ofrecen una interpretación progresiva del derecho internacional y las mejores prácticas que conciernen a cada Estado en lo individual. Estas últimas se reflejan, entre otras cosas, en leyes nacionales y sentencias dictadas por tribunales nacionales. Vale la pena hacer notar que el alcance de estos Principios no incluye la protección de la reputación otorgada por leyes de difamación.
Estos Principios son el resultado de una serie de consultas, organizadas por ARTICLE 19, con expertos de alto nivel procedentes de África, América Latina, Norteamérica, Europa y Asia; así como activistas, profesionales del derecho, académicos y otros expertos en derecho internacional de derechos humanos, libertad de expresión, privacidad y leyes de protección de datos. Las consultas incluyeron una junta de expertos en San Francisco el 28 y 29 de marzo de 2016 y una consulta pública global lanzada entre mayo y agosto del mismo año. De la misma forma, se llevaron a cabo debates más amplios sobre el anteproyecto que nació a partir de dicha junta y la consulta global.
Nuestra intención y esperanza es que las personas, activistas, voceros de campañas, profesionales del derecho, intermediarios, jueces, representantes electos, legisladores y funcionarios públicos en todo el mundo utilicen los Principios para proteger y fomentar los derechos a la libertad de expresión y la privacidad en el entorno digital.