ARTICLE 19 considera motivo de preocupación la reciente detención del defensor de los derechos humanos Mario Luna, así como el hecho de que la causa contra él pueda ser de motivación política. Creemos que la detención es un intento de silenciar a Mario por su críticas abiertas al gobierno del estado de Sonora.
Ayer, Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales de Vicam y portavoz de la comunidad indígena yaqui en el estado mexicano de Sonora, fue detenido y puesto bajo custodia. En 2013[1] se había dictado una orden de detención contra Mario Luna y Tomás Rojo, colega y portavoz (no fue detenido) y ambos podrían enfrentarse a una pena de prisión de cuatro años.
Mario y Tomás están acusados de privación ilegal de la libertad y robo de un automóvil a consecuencia de una disputa interna en la comunidad yaqui. Ellos niegan los cargos, que carecen de fundamento. La investigación no ha podido demostrar que Mario se encontrara en el lugar del presunto delito y hay incoherencias en las declaraciones de los testigos. Mario desempeña un importante papel representando a la comunidad yaqui en el movimiento de defensa del agua: es la persona indígena elegida para hablar en su nombre y ha estado defendiendo los derechos de esta comunidad en el contexto de la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia. La comunidad ha luchado para impedir el trasvase de agua del Río Yaquí – del cual la tribu tiene el 50% de la propiedad – al acueducto.
La comunidad yaqui de Sonora se ha manifestado públicamente en contra de la construcción del acueducto. Ha pedido al gobierno que proporcione información sustancial, pertinente y de calidad para promover un proceso de consulta continuado y para garantizar los derechos al agua de la comunidad. El gobierno sólo les ha facilitado información técnica no traducida a su lengua, lo que limita su capacidad para participar en un verdadero proceso de consulta.
La Suprema Corte de Justicia ya ha confirmado que el proceso de consulta ha sido deficiente y por tanto viola los derechos de la comunidad indígena yaqui. A mediados de este año, en el mes de julio, el poder judicial ordenó al gobierno que detuviera el trasvase de agua hasta que finalizara el proceso de consulta. El gobierno no lo ha hecho. Al contrario, ha llevado a cabo una campaña de desprestigio contra la comunidad yaqui en la que se afirma que pretenden privar de agua a los habitantes de Hermosillo.
Se teme que los cargos presentados contra Mario y Tomas estén motivados por intentos de silenciarles debido a sus legítimas protestas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, deben responder a las preguntas de la comunidad internacional sobre el proceso de consulta y su relación con la detención de Mario Luna. También deben responder a las preocupaciones expresadas en relación con la ausencia de pruebas que confirmen que Mario se encontraba en el presunto lugar del delito y las dudas de que se hubiera cometido realmente un delito.