ARTICLE 19 registró un total de 32 recomendaciones enfocadas explícitamente en el derecho a la libertad de expresión y la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos durante el EPU de Honduras. La importante cantidad de recomendaciones hechas sobre este tema sirve como testimonio de la violencia severa y sistémica que enfrentan los actores de la sociedad civil en este país.
Observamos cómo Honduras ha implementado una Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Sin embargo, entre 2001 y 2020, 80 periodistas fueron asesinados, en su mayoría con total impunidad.
Además, estamos profundamente alarmados por el uso de hostigamiento, campañas de difamación, criminalización y agresiones físicas contra periodistas que trabajan en los principales medios de comunicación y proyectos de comunicación comunitaria.
Acogemos con especial satisfacción las recomendaciones para garantizar la eficacia del Mecanismo Nacional de Protección. Nos preocupa la constante falta de recursos y personal asignado a este mecanismo, lo que reduce drásticamente la posibilidad de apoyar a las víctimas de la violencia.
ARTICLE 19 también se ocupa de las disposiciones que socavan la libertad de expresión y el trabajo periodístico en el Código Penal de 2020. Esto incluye una clasificación ambigua y demasiado amplia de delitos, como calumnia, difamación, reuniones y manifestaciones ilícitas, alteración del orden y asociación terrorista. Estas disposiciones han demostrado tener un efecto inhibidor siignificativo, lo que ha obligado a muchos periodistas o personas que expresan su desacuerdo a autocensurarse por temor a represalias.
ARTICLE 19 insta a Honduras a aceptar todas las recomendaciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, incluido el fortalecimiento del sistema de justicia y otras instituciones vitales, como el Mecanismo Nacional de Protección y la Fiscalía.
Hacemos un llamado a Honduras para que realice todas las reformas legislativas y administrativas necesarias y también proporcione recursos humanos, financieros y materiales, para brindar protección efectiva a periodistas y defensores de derechos humanos. Este es el primer paso para combatir la impunidad en Honduras.