Acogemos con beneplácito la labor de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Guatemala, en particular llamando la atención sobre las violaciones de los derechos humanos que sufren las personas periodistas y comunicadoras. A pesar de ello, el Estado de Guatemala sigue sin garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo.
El Estado guatemalteco ha incumplido todas las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada, así como otras similares del Comité de Derechos Humanos, contribuyendo a un clima que facilita y legitima los ataques a los periodistas. Los periodistas se enfrentan a amenazas y coacciones, incluyendo campañas difamatorias, especialmente contra aquellos que denuncian actos de corrupción a nivel nacional o local. Las agresiones contra las mujeres periodistas están muy extendidas, pero siguen siendo invisibles y no se abordan.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas no investiga con celeridad las agresiones contra periodistas, lo que conduce a niveles críticos de impunidad. En su lugar, se siguen procesos penales espurios contra los periodistas, incluso con cargos como violencia contra la mujer en su modalidad psicológica, con el objetivo de silenciarlos.
El gobierno pretende mantiene un control absoluto sobre la información de vital interés público, obstruyendo el acceso a la información pública a los periodistas y al público en general, y divulgando únicamente la información de su propio interés.
Al mismo tiempo, no se ha desarrollado una legislación que garantice plenamente el acceso de los pueblos indígenas a las empresas de comunicación. Tampoco se ha modificado la normativa para permitir la aplicación de criterios democráticos en la asignación de frecuencias radioeléctricas.
Instamos al gobierno guatemalteco a implementar plenamente la recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada sobre fortalecer la legislación, las políticas y las estructuras institucionales para la protección de los periodistas, incluyendo la creación de un mecanismo de protección y el fortalecimiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas.