Tanto periodistas como medios de comunicación en España se enfrentan a múltiples litigios por exponer casos de corrupción, o por cubrir asuntos de interés público o protestas. Típicamente son agentes públicos, empresarios, personajes políticos o agentes de la policía quienes inician estos litigios, conocidas como Litigio Estratégico contra la Participación Pública (SLAPP por sus siglas en inglés); y lo hacen con el fin de evadir el escrutinio público y someter o acosar a los/as periodistas que los exponen.
Quienes inician estos litigios buscan agotar los recursos financieros y psicológicos de los periodistas y también amedrentar a quienes les critican. Estos costosos procesos civiles se dirigen contra periodistas, activistas o denunciantes/alertadores. En otras palabras, individuos que rara vez tienen los recursos adecuados para defenderse frente a estos costosos procesos. Como resultado el debate público dentro de la sociedad española se encuentra hoy bajo amenaza.
En su informe más reciente, ARTICLE 19 analiza la situación actual y da su interpretación de las disposiciones criminales y civiles usadas para tomar acciones legales contra medios y periodistas. También examinamos las leyes españolas actuales que se utilizan indebidamente para presentar estas demandas y observamos los patrones de los casos clave. Por último, identificamos las defensas y las garantías procesales que el gobierno español debe implementar para prevenir más litigios de este tipo.
Las principales conclusiones del informe revelan:
Las disposiciones del Código Penal español que son demasiado amplias se prestan a abusos que limitan el derecho a la libre expresión de todos
El Código Penal español contiene una serie de delitos problemáticos relacionados con la expresión. Entre estos se incluye el delito de injurias y calumnias, ofensas en contra de funcionarios o instituciones públicas, así como la revelación de información secreta. A pesar de que los tribunales están desestimando casos y anulando las condenas, la existencia misma de disposiciones legales que demasiado amplias abre la puerta al abuso y crean un efecto amedrentador en la libertad de expresión.
Individuos con poder persiguen a periodistas simplemente por hacer su trabajo
Los tribunales españoles han construido defensas importantes y pertinentes que los medios pueden usar en el ejercicio de su trabajo. Estas defensas incluyen la “publicación razonable” o el “interés público”. También han establecido que los funcionarios públicos deben mostrar un mayor nivel de tolerancia a la crítica que individuos privados. Sin embargo, sigue habiendo funcionarios y funcionarias que malversan fondos públicos y usan de modo indebido las leyes sobre el honor, la privacidad y la reputación para perseguir a periodistas.
Los procesos penales y las demandas civiles abusivas tienen implicaciones para la sostenibilidad financiera de los medios
En primer lugar, muchos periodistas se enfrentan a amenazas permanentes de sanciones criminales por el simple hecho de hacer su trabajo. En segundo lugar, deben asumir los costes de los procesos judiciales. Además, también deben soportar las consecuencias negativas de las investigaciones hasta que se llega a un veredicto, algo que puede llevar muchos años y que ocurre indiferentemente de los resultados del proceso judicial.
ARTICLE 19 considera que el gobierno español debe revisar las leyes que limitan el derecho a la libertad de expresión. Esto puede evitar que los funcionarios públicos, las instituciones y las personas influyentes puedan hacer uso de estos litigios para atacar a medios o periodistas.
