En su informe Una nueva alianza mundial, el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes afirmó que los derechos de libertad de expresión, acceso a la información, asociación y reunión son esenciales para lograr un desarrollo sostenible. Estos derechos son los elementos fundamentales de la buena gobernanza, pues facultan a las personas para participar activamente en la consecución de las metas de desarrollo. En el presente documento se formulan recomendaciones sobre cómo lograr esto por medio de objetivos claros y mensurables, basados en las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel.
Derecho a la información
Se reconoce ampliamente que la transparencia y la libre circulación de la información son decisivas en la promoción del derecho al desarrollo. El Grupo de Alto Nivel manifestó que la “apertura y la rendición de cuentas ayudan a las instituciones a funcionar adecuadamente; y garantizan que aquellos que ostentan el poder no puedan utilizar su posición para favorecerse a sí mismos o a sus amistades. La buena gobernanza y la lucha contra la corrupción son cuestiones universales. En todas partes, las instituciones podrían ser más justas y responsables. La clave es la transparencia. La transparencia ayuda a garantizar que no se desperdicien recursos, sino que sean bien gestionados y se les dé el mejor uso posible”. Con este fin, el Grupo de Alto Nivel pidió una “nueva revolución de datos” con que mejorar la recogida de información para alcanzar las metas de desarrollo.
Para lograr esta “revolución de datos” es preciso aprobar en cada país un marco jurídico eficaz con que garantizar la recogida y difusión de información. El objetivo ha de comportar que las personas, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y otras entidades formales e informales tengan derecho legal de acceso a la información de que dispongan los organismos estatales y otras instituciones relacionadas con sus necesidades. Para ello es necesario como mínimo que los países adopten y apliquen un marco jurídico sobre el derecho a la información en el que se establezcan normas mínimas sobre el derecho de toda persona a pedir información y el deber de los organismos de reunir, almacenar y proporcionar información en formatos apropiados y sin restricciones, y en el que se prevean un conjunto de exenciones concretas limitadas, mecanismos de apelación, supervisión y sanciones.
Más de un centenar de países de todo el mundo, entre ellos China, India, Indonesia, Nigeria, México y Brasil, han aprobado ya leyes o reglamentos nacionales basados en estas normas. El acceso puede mejorarse aún más con requisitos para la publicación proactiva de la información utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y legislación sectorial específica para cuestiones clave. Sin este marco jurídico no hay garantía de que se reúna información exacta y útil, para ponerla a disposición de quienes más la necesiten.
Libertad de expresión
En el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el Secretario General se indicó que los “medios [de comunicación] plurales e independientes también pueden ayudar a concientizar a la gente acerca de los retos del desarrollo, mejorando la atribución del poder por medio de la información de tal manera que puedan monitorear la implementación, el desempeño, y la rendición de cuentas de sus gobiernos.”
Los medios de comunicación (incluidas las entidades formales e informales y las personas) encuentran obstáculos en muchos países al investigar e informar sobre cuestiones de desarrollo. Con frecuencia no pueden acceder a información importante y se enfrentan a amenazas judiciales y extrajudiciales, especialmente si denuncian corrupción con fondos públicos, asignación indebida de fondos derivados de recursos naturales, evasión fiscal por parte de empresas e individuos poderosos y otras cuestiones que afectan al desarrollo económico del país.
Hacen falta objetivos para promover la libertad de expresión y eliminar la impunidad de los ataques contra los medios de comunicación. La UNESCO ha elaborado ya los “Indicadores de Desarrollo Mediático”, que miden la libertad de los medios de comunicación en los países atendiendo a diversas cuestiones. Además, ha de incorporarse a la probable meta sobre seguridad la plena investigación y enjuiciamiento de todos los ataques con el objetivo estricto de que haya impunidad cero.
Promoción del espacio cívico
El Grupo de Alto Nivel manifestó: “La sociedad civil debería desempeñar un papel central y significativo, pero esto requiere de un espacio para que las personas participen en la formulación de políticas y en la toma de decisiones”. El papel de la sociedad civil en la promoción del desarrollo lleva casi 30 años firmemente establecido en la política internacional, desde el informe de la Comisión Bruntland hasta la Declaración de Río de 1992, la Declaración del Milenio, el Programa 21 y, más recientemente, la declaración “El futuro que queremos” de Río+20.
A pesar de este reconocimiento, han proliferado en todo el planeta leyes y políticas restrictivas, que limitan el derecho básico de la sociedad civil a la libertad de expresión, asociación y reunión, que se halla proclamado en el derecho internacional y es necesario para que las organizaciones de la sociedad civil realicen su trabajo de manera efectiva. Las organizaciones de la sociedad civil de muchas áreas, en particular las que cuestionan el statu quo con actividades como la promoción de un medio ambiente sano, la lucha contra la corrupción o la satisfacción de otras necesidades importantes de desarrollo, corren riesgo de cierre arbitrario u otras sanciones severas y de sufrir hostigamiento e injerencias injustificadas del gobierno.
En muchos países las leyes y las políticas obligan cada vez más a las organizaciones de la sociedad civil a “armonizar” sus actividades con las prioridades del gobierno en los planes de desarrollo nacional. Estos requisitos limitan a menudo la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo actividades dirigidas a ayudar a comunidades marginadas o centrarse en cuestiones desatendidas por los gobiernos.
Estas iniciativas son contraproducentes. En su lugar se propone el objetivo de la apertura de espacio cívico para garantizar que se presentan las ideas y acciones mejores y más creativas con que emprender los abrumadores esfuerzos necesarios para conseguir desarrollo sostenible.
Objetivos e indicadores
| RECOMENDACIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL | OBJETIVOS | POSIBLES INDICADORES |
| “Garantizar el derecho a la información y el acceso a datos gubernamentales por parte del público” |
Marco jurídico exhaustivo, que garantice el acceso público a la información gubernamental Legislación sectorial que garantice el acceso público a áreas específicas de importancia específica para el desarrollo sostenible |
Se aprueba y aplica legislación sobre el derecho a la información que cumple las normas internacionales Sectorial · Directrices de Bali para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, del PNUMA · Participación en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) · Participación en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) · Transparencia presupuestaria y fiscal · Política de datos abiertos |
| “Garantizar que las personas disfruten de libertad de expresión, asociación, protesta pacífica y acceso a medios de comunicación e información independientes” | Un marco legal que garantice la independencia de los medios de comunicación |
· Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO · Eliminación de la impunidad y los abusos contra periodistas. |
| “Aumentar la participación pública en los procesos políticos y la implicación ciudadana a todos los niveles” |
Entorno jurídico y regulador para la sociedad civil, que reconozca su independencia y su derecho a realizar su trabajo pacífico sin temor a sufrir hostigamiento, represalias, intimidación ni discriminación Adoptar mecanismos inclusivos con que garantizar la participación pública plena y efectiva en los planes y políticas de desarrollo y medio ambiente |
· Índice CIVICUS de entorno propicio de la sociedad civil · Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible · Directrices de la OCDE y el PNUMA sobre evaluaciones del impacto medioambiental y procesos estratégicos de evaluación medioambiental |