Cuando sólo queda una semana para el inicio de la Copa Mundial, ARTICLE 19 ha pedido al país anfitrión, Brasil, que introduzca nueva legislación sobre el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones que se espera que tengan lugar durante el torneo.
Esta petición se ha producido tras las numerosas protestas que han sucedido en Brasil en el último año, muchas de ellas relacionadas con los preparativos del país para albergar la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos.
Paula Martins, directora de ARTICLE 19 para América del Sur, ha manifestado:
Hemos recibido frecuentes informes sobre policías que, durante las protestas, responden con fuerza excesiva: balas de goma y gas lacrimógeno, entre otras cosas.
Parece que, a pesar de ser una democracia, Brasil sigue teniendo una mentalidad bastante dictatorial en lo que se refiere a la labor policial.
Además, la Ley General sobre la Copa Mundial, aprobada en 2012, ya prohíbe las manifestaciones que no contribuyan a crear un evento «festivo y amigable», lo cual significa que algunas protestas, dependiendo de su naturaleza, podrían ser consideradas ilegales.
El derecho de manifestación y a la libertad de expresión está protegido por el derecho internacional. El gobierno brasileño debe reconocer este hecho, y actuar de acuerdo con él para garantizar que todas las protestas futuras pueden llevarse a cabo sin riesgo.
ARTICLE 19 ha publicado un informe, El Auto-Gol de Brasil: las protestas, la policía y la Copa Mundial [Brazil’s Own Goal: Protests, Police and the World Cup], que destaca una serie de motivos habituales de preocupación en torno a la policía y las autoridades, entre ellos:
- La falta de identificación por parte de los policías durante las protestas
- La detención y reclusión arbitraria, incluida la detención para interrogatorio, una práctica de la que casi no se tenía noticia desde el fin de la dictadura militar
- La criminalización de la libertad de expresión, por la que se trata a los manifestantes como a delincuentes
- La censura previa, que incluye prohibir a los manifestantes que lleven máscaras o vinagre (para utilizarlo en caso de que se arroje gas lacrimógeno)
- La actuación policial desproporcionada
- El uso de armas letales y el abuso de las armas menos letales
- El uso de policía secreta infiltrada como «agentes provocadores» en las manifestaciones, que en ocasiones provocan o promueven disturbios y violencia
- La vigilancia de los medios sociales por parte de la policía, la ABIN (la Agencia Brasileña de Inteligencia) y el ejército; la grabación de las protestas por parte la policía, y el impedir a los manifestantes seguir de cerca la actuación de la policía
- La preocupación por los daños materiales más que por la seguridad de los manifestantes
- Las amenazas y los secuestros
- La creación de un tribunal rápido especial en el estado de São Paulo dedicado específicamente a casos relativos a las manifestaciones, una medida que viola las garantías individuales consagradas en la Constitución
Según el informe, en el último año ha habido más de 600 manifestaciones diferentes, y en 15 de ellas participaron más de 50.000 personas. Hubo 758 partes de lesiones, 2493 detenciones y 9 muertes.
ARTICLE 19 pide al gobierno brasileño que garantice la protección del derecho de manifestación y a la libertad de expresión. Para ello, debe introducir una nueva ley que regule el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones, un uso que debe regirse por estándares internacionales. Esta nueva ley debe disponer asimismo que la policía sea enviada a las protestas para garantizar que la gente puede ejercer su derecho de manifestación sin riesgo, y que la actuación policial se sustente en un espíritu de negociación, no de represión, como sucede actualmente.
Article 19 siente asimismo preocupación por la posibilidad de que se introduzcan nuevas medidas legislativas tras las protestas de junio. Esas medidas pueden incluir el incremento de las penas por delitos relacionados con daños materiales y lesiones producidos en el transcurso de manifestaciones, la penalización del uso de máscaras durante las protestas y el cierre de vías públicas.