Resumen
La libertad de expresión en España se ve amenazada por leyes penales, civiles y administrativas restrictivas que obstaculizan el trabajo de quienes ejercen el periodismo y también la libre expresión. Instituciones estatales como la Familia Real y funcionarios públicos, así como la policía y otras autoridades y personajes con poder a menudo hacen uso de estas leyes con el fin de bloquear noticias de interés público, restringir la circulación de información crítica o incluso de bromas que se hayan hecho sobre ellas.
La jurisprudencia española a menudo no refleja los estándares internacionales de libertad de expresión, lo que ha llevado a condenas indiscriminadas de artistas y la criminalización de la expresión satírica, como sucedió en los casos de Pablo Hasél o César Strawberry.
Las protestas en Cataluña, que tomaron un vuelco violento, sentaron un precedente peligroso en cuanto al uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y periodistas que cubrían convulsiones sociopolíticas. Esto se ha visto exacerbado por la introducción de la ‘Ley Mordaza’ de 2015, que limita el derecho de reunión pacífica al establecer reglas rigurosas sobre la organización de protestas e imponer multas a los medios de comunicación que distribuyan imágenes no autorizadas de policías.
Todos estos elementos contribuyen a un clima sombrío para la libertad de expresión en el país.
En esta página puede encontrar el trabajo de ARTICLE 19 Europa, donde se documentas y analizas estos desafíos y se aboga por una protección sólida de la libertad de expresión en España.
Leyes que criminalizan la libertad de expresión
El Código Penal de España incluye disposiciones sumamente amplias y vagas que restringen el derecho a la libertad de expresión y no cumplen con los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Los delitos de enaltecimiento del terrorismo, “discurso de odio”, difamación e injuria a las instituciones del Estado pueden dar lugar a severas sanciones penales y suelen utilizarse para censurar la libre expresión de artistas y otras voces críticas.
En 2020, el gobierno español anunció que modificaría disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión: el proyecto de ley para despenalizar el insulto a la Corona y el “ultraje al Estado” han sido tratados en mayo de 2022 por el Parlamento.
ARTÍCULO 19 Europa observa con gran preocupación el reiterado uso indebido del Código Penal para atacar expresiones periodísticas y artísticas que las autoridades encuentran arbitrariamente ofensivas o inapropiadas. Hacemos un llamado al Gobierno español para que alinee el Código Penal español con los estándares internacionales de libertad de expresión. Las enmiendas deben velar por que la difamación se despenalice por completo, que la definición de “terrorismo” sea precisa, que se reduzcan las disposiciones relacionadas con la exaltación del terrorismo, que se deroguen los delitos basados en faltas restrictivas relativas al insulto y que se revisen los delitos por «crímenes de odio».
Spain: Briefing on the Penal Code and threats to freedom of expression
España: Condena contra rapero pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar el Código Penal.
Espana: Preocupación por la aplicación del Código Penal para criminalizar bromas y desinformación sobre el coronavirus
‘Discurso de odio’
Las medidas contra el “discurso de odio” fueron concebidas para garantizar la protección de grupos históricamente discriminados en la sociedad. Sin embargo, en España las disposiciones penales contra el “discurso del odio” pueden conducir a la censura y la criminalización de discursos legítimos. El artículo 510 del Código Penal no distingue suficientemente entre los diferentes grados de “discurso de odio” e impone sanciones penales que no siguen los requisitos establecidos por el Plan de Acción de Rabat de la ONU en relación con la «intención» y la «probabilidad» de violencia, lo que ayudaría a evaluar una respuesta adecuada.
ARTICLE 19 Europa sostuvo un diálogo con jueces españoles del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de España para fomentar el cumplimiento de la interpretación de los delitos motivados por el odio con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las normas internacionales sobre libertad de expresión. Además, en nuestro análisis de las Directrices para la interpretación de los delitos de incitación al odio en el Código Penal de la Circular de la Fiscalía, destacamos que algunos de los criterios interpretativos proporcionados a los fiscales van en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión. Por ello recordamos a las autoridades españolas que el derecho penal debe aplicarse como último recurso y sólo en circunstancias excepcionales.
El uso del derecho penal para regular el discurso de odio puede allanar el camino para una restricción excesiva e innecesaria de la libertad de expresión. A la luz de la creciente necesidad de una guía clara, nuestra “caja de herramientas” analiza diferentes tipos de discurso de odio y sugiere vías para contrarrestarlo de manera efectiva respetando la libertad de expresión.
Infografia
Consulte nuestros informes y análisis
“SLAPPs” y amenazas legales contra periodistas
En España, los periodistas y los medios de comunicación son regularmente objeto de amenazas legales por denunciar la corrupción, cubrir protestas y hacer bromas, o publicar contenido satírico. Individuos poderosos se aprovechan de las leyes penales y civiles existentes sobre la protección de la reputación y la propia imagen, así como sobre el insulto y sobre la revelación de información secreta, con el fin amenazar a periodistas, agotarles psicológica y económicamente y también desacreditar su trabajo.
Nuestro informe sobre las SLAPPs (o litigio estratégico contra la participación pública, conocidas comúnmente por sus siglas en inglés) contra periodistas en España examina las disposiciones que permiten el uso indebido de las leyes españolas vigentes para presentar demandas abusivas, analiza las tendencias en los estudios de caso y pide garantías procesales esenciales para combatir estos litigios en España.
Este informe es parte de un proyecto en el que ARTICLE 19 Europa analiza patrones en los casos de SLAPPs que se han dado en varios países europeos clave y sugiere soluciones para detener el abuso de estas leyes. Los hallazgos y recomendaciones nutrieron un informe regional completo que está disponible aquí.
Declaraciones sobre los casos de SLAPPs contra periodistas
Spain: Energy company launches €17.6 million lawsuit against newspaper
Incidencia política
ARTICLE 19 Europa contribuyó a plantear estas preocupaciones a nivel nacional e internacional, destacando compromisos críticos para que España pueda cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En nuestro trabajo de defensa e incidencia en el contexto de un cambio político, promovimos nuestro análisis a diferentes partidos y entidades gubernamentales. Subrayamos la necesidad urgente de una reforma rápida y sólida de disposiciones clave del Código Penal comúnmente mal utilizadas para restringir la libertad de expresión en el país.
Los componentes centrales de nuestro análisis también se reflejaron en un conjunto de recomendaciones enviadas por los Estados al Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de España, y presentadas a lo largo del ciclo.